El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, con la que el instituto sufrirá cambios internos, mantendrá el tripartismo, auditará sus operaciones y se convertirá en constructor de vivienda social en renta, entre otros cambios.
Aprobación de la Reforma
Con 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, la reforma del Infonavit fue aprobada en lo general y los artículos no reservados del dictamen. Senadores cuestionaron varias peticiones realizadas por los sectores trabajador y empresarial, que no fueron consideradas en la reforma aprobada.
Implicaciones para el Infonavit en 2025
Con la aprobación, el Infonavit tendrá hasta 30 días una vez publicada la reforma para iniciar la consolidación de una empresa filial constructora. “Se ajusta la fecha para la creación de la empresa filial del Infonavit a partir de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, se precisa que el presupuesto aplicable será con efectos a partir del 1 de enero de 2025”, dijo el senador de Morena, Heriberto Aguilar Castillo.
El senador Francisco Pavón de Movimiento Ciudadano destacó que entre las propuestas no incluidas resalta la integración tripartita en esta empresa filial, que no podrá ser auditada por la ASF. Además, no se consideró la propuesta de quitar al director general, Octavio Romero, el derecho de veto en el Consejo de Administración.
Críticas y preocupaciones
“El Infonavit y esta empresa filial que quieren crear en tan solo 30 días no estarán sujetos ni a rendición de cuentas ni supervisión, no tienen que cumplir con la Ley de Entidades Paraestatales, no tienen que cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además no van a pagar impuestos, es una empresa con privilegios”, dijo la senadora del PRI, Mely Romero.
Entre los cambios de la reforma Infonavit, que permitirá construir hasta 500 mil viviendas, destaca el dar al Consejo de Administración la facultad de aprobar anualmente el presupuesto de inversión de vivienda, además de hacer públicos contratos, proyectos y proveedores.
Además, se garantiza el tripartismo en representación dentro del Consejo de Administración, con tres representantes del sector patronal, tres de los trabajadores y tres del gobierno. El director general, quien podrá ser designado por la presidenta, tendrá voto y podrá vetar decisiones.
Se faculta también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para vigilar y supervisar las operaciones del instituto. La ASF mantendrá su función fiscalizadora como organismo autónomo.
Con información de El Financiero
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