En el marco de una visita organizada por autoridades federales y estatales al Rancho Izaguirre, un terreno señalado como posible centro de exterminio y entrenamiento de grupos criminales, colectivos de búsqueda recorrieron el lugar en busca de indicios relacionados con personas desaparecidas.
Durante el evento, familiares de las víctimas denunciaron omisiones en las labores de excavación y la falta de acceso a áreas clave del inmueble, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. En este contexto, una madre buscadora, entre lágrimas, golpeó el suelo de una de las habitaciones a las que se les permitió ingresar, un cuarto donde anteriormente se habían encontrado cientos de prendas y calzado. Con voz firme, exigió que se excavara el área, señalando que el lugar podría esconder más restos humanos.
“Mira, ven, tócale aquí, escucha cómo suena, está hueco”, repetía mientras le pedía a una de sus compañeras que trajera una pala para verificar lo que creían podría ser un nuevo hallazgo. Según los testimonios, el área que la mujer señalaba no había sido intervenida por las autoridades, a pesar de que, según su experiencia como madre buscadora, presentaba características de una posible fosa clandestina. La mujer llegó al lugar en busca de indicios de su hijo y su sobrino, Julio César, quienes se encuentran desaparecidos.
El momento fue captado por varios medios de comunicación y rápidamente compartido en redes sociales. La periodista Marcela Turati divulgó un clip en la red social X, donde relató: “Dentro del rancho, el terror. Una madre en el suelo, llorando a gritos, en trance, rodeada de cámaras de televisión, queriendo excavar con sus uñas. Nadie les explicó sobre ‘los hallazgos’. Las que descubrieron el sitio, indignadas, dijeron que la fiscalía había levantado todo”.
Colectivos acusan manipulación de evidencia y falta de transparencia
Durante el recorrido, miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron que el procedimiento fue desordenado y falto de transparencia. “Esto es un teatro”, comentó Raúl Servín, quien busca a su hijo desde 2018.
Los colectivos afirmaron que aún se encontraban prendas ocultas entre las piedras y señalaron que amplias zonas del predio no han sido exploradas, a pesar de los múltiples hallazgos previos. Además, acusaron a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) de haber manipulado la evidencia para darle al sitio una apariencia más controlada.
Patricia Sotelo, madre de Fanny Areli, desaparecida hace cuatro años, expresó su frustración con la situación: “Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es una burla para nuestro dolor”. La escena se repitió en varios puntos del inmueble. En un almacén de adoquín, por ejemplo, había información previa sobre la posible presencia de restos humanos, pero el acceso fue restringido. “Queríamos ver dónde los muchachos estuvieron privados de la libertad, pero todo está acordonado”, relató Sotelo.
Los colectivos también denunciaron que las autoridades impidieron que las familias realizaran su propia inspección en el terreno, limitando su libertad de movimiento. “No puedes moverte del lugar, no puedes pisar donde tú quieras investigar”, señalaron.
Hallazgos en el rancho: Restos, placas e identificaciones
Fuera del predio, decenas de familiares esperaron durante horas bajo el sol en un camino de terracería antes de poder ingresar. Algunos relataron que tuvieron que enfrentarse con funcionarios de la fiscalía para obtener acceso, mientras el recorrido ya había comenzado con la presencia de influencers y periodistas. “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, gritaban al unísono.
El ingreso al rancho se produjo después de que la Fiscalía General de la República (FGR) asumiera la investigación debido a irregularidades cometidas por la fiscalía estatal. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que se investiga si el Rancho Izaguirre fue utilizado como crematorio clandestino, y admitió fallos en el cateo realizado en septiembre.
Según Gertz, las autoridades locales no aseguraron el lugar, no levantaron huellas ni interrogaron a los pobladores cercanos, a pesar de que el sitio ya había sido identificado como un centro de operaciones de un grupo criminal. Además, mencionó que se encontraron identificaciones de personas detenidas en otras regiones del país, aunque no precisó el número exacto.
El fiscal también mencionó testimonios que indican que las personas reclutadas en el rancho dejaban su ropa para uniformarse, lo que explicaría la gran cantidad de prendas localizadas por los colectivos durante su inspección el 5 de marzo, cuando se descubrieron tres fosas con fragmentos óseos.
A lo largo de la jornada, el acceso a varias áreas del predio fue restringido por elementos de la Guardia Nacional, la FGE y la Policía Estatal. Las madres buscadoras denunciaron que solo se les permitió permanecer en el sitio por un tiempo limitado. “Nos dieron 20 minutos porque había mucha gente, pero no se puede trabajar así”, lamentó Patricia Sotelo.
Finalmente, las familias criticaron la ausencia de los fiscales Alejandro Gertz Manero y Salvador González de los Santos, quienes, según se había prometido, debían estar presentes en el recorrido. “Es una burla. Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas”, afirmaron.
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