La Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la dirección de Mario Delgado Carrillo, ha propuesto revertir varias disposiciones de la ley que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas, una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El plan de modificación, contenido en un documento exclusivo al que tuvo acceso Proceso, busca cambiar los lineamientos aprobados el 30 de septiembre de 2024, en el último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los nuevos cambios en la ley de comida chatarra en escuelas
Entre las principales modificaciones que propone la SEP está la permitir la venta de alimentos ultraprocesados en las tiendas escolares.
Bajo los nuevos lineamientos, estos alimentos, que incluyen productos con sellos de advertencia en sus etiquetas, podrían ser vendidos en las instituciones educativas de todo el país.
La medida también permitirá la venta de productos en los alrededores de las escuelas, lo que hasta ahora estaba restringido por la ley.
¿Qué alimentos se podrían vender con los nuevos lineamientos?
Según el proyecto de reforma, las tiendas escolares podrían usar productos con sellos de advertencia del sistema de etiquetado frontal para la preparación de alimentos. Esto incluye productos como:
Salsas
Mayonesa
Carnes frías
Panes
Bebidas ultraprocesadas
Estos productos han sido clasificados como ultraprocesados debido a su alto contenido de azúcares, grasas y sodio, componentes clave que contribuyen a las enfermedades crónicas en los jóvenes.
El proyecto también plantea una exención para las universidades, que quedarían fuera de la prohibición actual. En lugar de implementar restricciones a la venta de productos no saludables, se propone que estas instituciones realicen campañas de concientización sobre hábitos alimenticios saludables.
Con esta modificación, las universidades podrán seguir vendiendo comida chatarra, pero con menos regulaciones en comparación con los niveles educativos inferiores.
¿Qué otros cambios incluye la reforma?
Además de la exención para universidades, la reforma también contempla otros ajustes significativos. Entre los cambios propuestos se incluyen:
Eliminar la obligación de vender alimentos a precios más bajos que los del mercado.
Quitar a la Cofepris la responsabilidad de realizar verificaciones en las escuelas, lo que reduciría el control sobre la calidad de los productos vendidos.
Reducir las sanciones a los directivos y proveedores que incumplan las normas establecidas, haciendo que las penas sean menos severas.
Permitir a las autoridades escolares continuar con la venta de comida chatarra, siempre que no la publiciten ni la promocionen activamente en los centros educativos.
Se eliminaría la supervisión de los productos vendidos en los alrededores de las escuelas, limitando la intervención del Estado en el control de estos espacios.
¿Por qué la SEP justifica estos cambios?
La SEP justifica estos cambios al argumentar que es necesario definir con mayor claridad el papel de las autoridades sanitarias en la regulación de los alimentos vendidos en las escuelas.
Esto implicaría delimitar la intervención de instituciones como la Cofepris, y asegurarse de que solo las entidades con competencia directa puedan actuar en la regulación de la venta de alimentos.
¿Qué impacto tendría esta reforma?
Si esta reforma se aprueba, podría tener un impacto significativo en la salud pública de México, un país que enfrenta una crisis de obesidad y diabetes.
Desde 2016, el gobierno mexicano ha declarado una emergencia epidemiológica debido a las altas tasas de enfermedades relacionadas con el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.
La propuesta del gobierno podría perpetuar la presencia de alimentos ultraprocesados en las escuelas, lo que algunos expertos consideran un obstáculo para mejorar los hábitos alimenticios de los niños y jóvenes.
Además, la medida puede afectar a los esfuerzos para combatir la epidemia de obesidad infantil en el país, ya que permitiría a las escuelas y universidades continuar vendiendo estos productos.
El debate sobre el papel del Estado en la alimentación escolar sigue abierto, y la medida también podría generar controversia entre las autoridades, la industria alimentaria y la sociedad civil.
Aunque el proyecto fue enviado a un grupo de funcionarios el 4 de abril, aún no se ha determinado cuándo se votará o si se modificarán los términos del mismo.
La propuesta de la SEP representa un giro en las políticas de control sobre la venta de comida chatarra en las escuelas de México. Mientras algunos argumentan que los cambios beneficiarán a los proveedores y darán más autonomía a las universidades, otros advierten sobre los riesgos para la salud pública.
El futuro de la reforma dependerá de la respuesta del Congreso y de las posibles reacciones de la sociedad ante el impacto que esta tendría en la nutrición infantil y juvenil.
Con información de El Imparcial
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