A más de uno hace pensar el cúmulo de cambios que se darán -el próximo jueves el pleno del Senado discutirán las modificaciones- en torno a los poderes del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. De todas esas nuevas capacidades la que más preocupa es el derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia.
La reforma casi pasa de noche porque su anuncio y promoción coincidió con el terror del 25 por ciento de los aranceles impuestos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En la reforma que se discutirá, implícitamente el Infonavit dejará de cumplir con los requisitos que le pide la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Para no pocos expertos en finanzas, da miedo que con la nueva condición de que el Infonavit también sea constructor de vivienda, si ahí se van los recursos de un trabajador y la casa o departamento no fue pagada, el dinero aportado por el ahorro de los trabajadores no sería recuperado.
Peor aún, no hay manera de exigirle cuentas al director general del Infonavit por parte de los órganos internos que usualmente lo harían.
En ese tenor, Romero Oropeza tendrá el control de docenas de miles de millones de pesos que podrá emplear como se le ocurran.
No se está hablando de que el agrónomo Romero Oropeza, hombre de todas las confianzas de López Obrador, se robe el dinero; más bien, se está pensando que invierta en casas de cartoncillo que finalmente no sean pagadas por los trabajadores y comience a esconder esos pasivos bajo mil nombres distintos.
Por otra parte, viendo el estado en que quedó Pemex bajo su dirección, ahora esperando que el gobierno federal le rescate de una deuda gigantesca con proveedores, hace pensar si no podría repetir el menú, ahora en el ramo de la construcción.
El tema preocupa y tiene vigencia tal condición si se toma en cuenta que el dinero del Infonavit ni siquiera es del gobierno federal, sino de un sinnúmero de personas que tienen ahí recursos que al menos en el papel, les pertenecen.
De las anécdotas que se cuentan
Tras un año y medio en prisión acusado del delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, el exalcalde de Tula, Hidalgo, el perredista Manuel Hernández Badillo, salió libre de las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Pachuca, tras haberse declarado culpable de malversar más de 66 millones de pesos.
Hernández Badillo optó por un proceso abreviado, lo que le permitió dejar atrás a un juicio oral y aceptar “fast track” su responsabilidad. De esa forma, el juez de Control emitió una sentencia con base en los datos de pruebas que obran en la carpeta de investigación.
Como podrá verse, fue buena la jugada jurídica del exalcalde.
Hernández Badillo fue sentenciado a cuatro años de prisión o intercambiarlo por trabajo comunitario a favor del ayuntamiento de Tula y pagar la friolera de 25 millones de pesos.
El perredista fue aprehendido en agosto de 2023 por uso ilícito de atribuciones y facultades agravado. En su momento, el encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Santiago Nieto, lanzó por los aires la detención de “quien presuntamente sería responsable de coordinar el maxi proceso de la Estafa Siniestra”.
En 2021, el exalcalde aprobó la adjudicación directa de por lo menos tres contratos que en suma representan 66 millones de pesos, en adquisición de servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria, así como el control mecánico del lirio acuático, por el desbordamiento del Río Tula.
En su momento, pobladores de distintas comunidades recibieron colchones contaminados por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del Río Tula en 2021, lo cual terminó con la quema de los mismos afuera del Ayuntamiento.
Se pregunta en Pachuca qué pasará con el perredismo en la entidad.
Con esos alcaldes, no parece que la credibilidad sea un activo del Sol Azteca, al menos por una temporada y menos en Hidalgo.
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*ARD
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