Las autoridades federales extendieron las investigaciones al rancho La Vega, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, después de su identificación el 29 de enero por parte de la Guardia Nacional.
Durante este operativo, fueron localizadas 38 personas, de las cuales 36 fueron liberadas, al demostrar que habían sido reclutadas en diferentes estados de la República Mexicana.
Las víctimas, según informes, provienen de entidades como Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán y Estado de México.
Las autoridades aseguran que las personas fueron obligadas a trabajar en condiciones extremas en el rancho.
Por otro lado, dos personas quedaron detenidas en el lugar, mientras que las demás, tras aclarar su situación, fueron liberadas. El operativo también incluyó el aseguramiento de 18 cargadores, mil 818 cartuchos de diversos calibres, cuatro radios de comunicación, equipo táctico y precursores químicos, lo que sugiere la presencia de actividades ilícitas relacionadas con la violencia organizada.
Las víctimas provienen de distintos estados del país
Los reportes indican que las víctimas fueron reclutadas en diversas ciudades del país, desde el sur hasta el centro de México. En el caso de las personas que quedaron detenidas, las autoridades no han revelado más detalles sobre su posible vinculación con grupos criminales o el motivo de su retención en el rancho.
Durante el operativo también se realizaron labores de inspección con binomios caninos en la zona, sin que se confirmara algún hallazgo relevante.
Sin embargo, las autoridades siguen con las investigaciones para determinar si existen otras pruebas que vinculen este sitio con redes criminales.
FGR asume investigación del Rancho Izaguirre
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que la investigación sobre el Rancho Izaguirre pasó a ser competencia federal. Gertz Manero detalló que, tras varios meses de trabajo de la Fiscalía local, la FGR tomó finalmente posesión del sitio.
“El Ministerio Público, la policía y los peritos de la FGR entraron al lugar para esclarecer los hechos y determinar la magnitud de lo ocurrido”, mencionó.
El rancho, relacionado con reclutamiento forzado, es ahora objeto de un análisis exhaustivo para establecer su conexión con el crimen organizado.
Con información de La Razón
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